Montaña Clara en venta

Hace unos días se hacía público que el islote de Montaña Clara (en el archipiélago Chinijo), propiedad de una familia de Lanzarote, se ha puesto a la venta por una inmobiliaria al precio de 9 millones de euros.

Por ser parte de la reserva marina y estar protegida, no puede edificarse en ella, si bien se permitiría el comprador el atraque de grandes yates u obtener beneficios fiscales por haber invertido en la preservación de bienes ambientales. Por ello el posible comprador podría ser un multimillonario o alguna gran empresa que desee beneficiarse de las ventajas fiscales por el mecenazgo. Sin embargo la familia preferiría que fuera adquirida por el Estado y de esta manera garantizarse el estado natural del islote, refugio de multitud de especies y razón por la que los biólogos frecuentan lo visitan.

Pero aquí no queda la cosa, pues días después el Ministerio de Medio Ambiente emitió un comunicado informando del comienzo del trámite de deslinde por el cual se determinarán qué terrenos son públicos y cuáles privados. En él aclara que tras delimitarse el dominio público marítimo-costero y en el caso de que el Ministerio ejerciese el derecho de tanteo y adquiriera la franja de 100 m posterior, cerca del 55% de la isla sería público.

Con estas noticias uno se da cuenta de las dificultades a las que se enfrentan los propietarios de parajes protegidos y en los que existe una fuerte restricción de usos. La misma noticia de La Vanguardia recoge como los propietarios del cercano islote de Alegranza han optado por presentar una demanda al Estado exigiendo la expropiación dado que las leyes de protección les impiden rentabilizar su patrimonio.

Hace años el Ministerio de Medio Ambiente inició un programa para adquirir terrenos costeros y proteger así zonas naturales del litoral, evitando a la vez que sucumban ante la presión urbanística. Pero, si bien existe este programa para la costa -aunque no garantiza que compren todos los terrenos que estén a la venta-, existen muchos más terrenos en el interior declarados paisajes protegidos.

¿Por qué el Estado y las Comunidades Autónomas están obligadas a expropiar cuando construyen carreteras y autopistas, pero no lo hacen cuándo declaran espacios naturales protegidos? Soy ambiéntologo, y soy totalmente partidario de la conservación de la naturaleza, pero a lo largo de los años también he conocido a gente con problemas económicos que son propietarios de terrenos protegidos (por ejemplo, por el plan general de ordenación de su municipio) y que no pueden aprovechar de ninguna manera por la restricción de usos; por no hablar de cuando la ordenación de un municipio no corresponde con la realidad y encuentras que un pedregal rodeado de viviendas es un suelo de especial interés agrario... pero esto es otra historia. Todos estos casos deberían estudiarse y si el terreno debe ser conservado por sus valores ecológicos o paisajísticos, y no puede ser aprovechado por sus propietarios de ninguna manera, la administración debería estar obligada a expropiar y adquirir esas superficies y que pasasen a ser terreno público y que pudiera ser disfrutado por la población; ¿o no se declaran los espacios protegidos para beneficio de todos y por el interés general?.

Creo que la administración pública dispone del dinero suficiente para realizar estas inversiones así como el proyectos ambientales: En mi opinión, las necesidades en autopistas, carreteras, puertos deportivos, etc. ya hace tiempo que están copadas; al igual que no necesitamos ocupar más terrenos para centros comerciales y campos de golf. "Restaurar" y "Recuperar" -y no "construir"- deben ser los verbos que estén continuamente en boca de la administración.


Fuentes: La Vanguardia / Ecoperiódico
Imagen: Wiki05