El impacto ambiental de las construcciones ilegales

Cuando hablamos de impacto ambiental rápidamente pensamos en la contaminación de los suelos, los vertidos al mar, las emisiones contaminantes a la atmósfera... pero hay otro impacto ambiental mucho más presente y continuo en nuestra sociedad y que no siempre reconocemos: las construcciones ilegales.

La problemática de las construcciones ilegales es muy amplia, desde ser simplemente un problema burocrático por la falta de alguna documentación fácilmente subsanable, hasta la ocupación de suelos rústicos que no permiten asentamientos o incluso de espacios protegidos. Y aún así, cada caso concreto es un mundo. Pero en cualquier caso siempre ocurre lo mismo, no se ha cumplido con la legislación urbanística, una legislación que, a priori, busca ordenar adecuadamente el territorio para beneficio de todos compatibilizando su aprovechamiento con su protección y conservación.

Pero está visto que la gestión del territorio sigue siendo algo pendiente. En Lanzarote siguen esperando a regularizar una veintena de hoteles ilegales, en Fuerteventura se han denunciado la construcción de chalés en Tindaya y se construye un hotel dentro de un plan anulado por la Cotmac por ocupar suelo del Parque Natural de Jandía, en Tenerife está previsto que varios asentamientos sean demolidos por el Ministerio de Medio Ambiente... y así podríamos seguir enumerando casos en cada una de las islas y en el resto del territorio nacional. Un ejemplo de la situación en España son los informe anuales de Greenpeace "Destrucción a toda costa".

En 1997 el Gobierno de Canarias abrió un proceso para regularizar unas 30.000 viviendas ilegales en todo el archipiélago con el objetivo de marcar un punto de inflexión creando posteriormente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural para velar por el territorio. Sin embargo, aún en 2006 Canarias era la comunidad con mayor volumen de construcciones ilegales y la Agencia expedientaba a 1.046 construcciones ilegales. Y cifras similares se barajaron en 2007. Otro ejemplo es el proceso de regularización de viviendas ilegales iniciado en Telde hace unos años, donde se recogieron 1.500 solicitudes de viviendas ilegales, sin bien parte de ellas estaban en ese grupo de amnistiados de 1997. La cosa no funciona.

Resolver esta situación es compleja. Hay que estudiar cada caso uno a uno. En algunos casos se tratan de viviendas que tienen más de 50 años que fueron construidas mucho antes de que se publicara cualquier plan de ordenación. Pero en otros nos encontramos viviendas construidas, como quien dice, anteayer y en zonas donde están totalmente prohibidas las construcciones con planes de ordenación en vigencia cuando se iniciaron las obras. Son situaciones distintas que se resolverán de manera distinta.

Pienso que en parte es un falta de concienciación. Nadie considera que construir una vivienda en un suelo no apto para ello es un impacto ambiental, y menos si el terreno es suyo. En algunos casos resulta además paradójico que teniendo recursos para construir una casa no lo inviertan en comprar o alquilar una casa o un piso en suelo urbano o en un asentamiento. Luego llegan las denuncias y las lamentaciones... Y realmente es un problema ambiental. La idea de que es sólo una casa y está cerca de aquella otra impide percibir la visión de conjunto donde cientos de construcciones van ocupando poco a poco cada vez más suelo rústico. Y ese suelo ocupado por construcciones en muy raras ocasiones es recuperado para la naturaleza, las construcciones sin ordenación van salpicando y mermando la calidad del paisaje y la fauna y la vegetación va perdiendo territorio donde poder desarrollarse y sobrevivir. Y mientras, miles de viviendas vacías en las ciudades.

Es un problema que hay que resolver desde diferentes flancos: concienciación, labores de inspecciones más efectivas, legislación, alternativas para los propietarios de terrenos, valorizar el suelo rústico (para uso agrícola, pastoril, por su valor paisajístico...), fomentar y facilitar el alquiler y la adquisición de viviendas existentes... Debe lograrse una mejor adecuación entre los intereses públicos y privados, ¿qué puede hacer un propietario que tiene un terreno protegido por su valor paisajístico y que no puede aprovechar de ninguna manera, ni para cultivar ni para construir ni para pastoreo? Es una situación extrema e hipotética, pero con la que quiero reflexionar acerca de cuando se da preferencia al uso público (el valor paisajístico en este caso) frente al privado. Algo similar es lo que ocurrió con los islotes del Archipiélago Chinijo, donde los propietarios están llegando a un acuerdo para que la administración se los adquiera para que pase a ser patrimonio público dado que ya constituyen un espacio protegido. Y por supuesto, debe de terminarse de ordenar todo el territorio canario, pues el planeamiento dará seguridad jurídica al ciudadano y resolverá incertidumbres.

Con esta entrada he querido hacer una pequeña reflexión personal acerca del complejo problema de la ocupación ilegal del territorio, y más en el caso de un archipiélago donde el suelo es muy limitado. Es un problema que debe resolverse ya para beneficio de todos, con el compromiso de los propietarios y con la colaboración y firmeza de la administración pública. De nada sirve que una administración actúe con celeridad contra un poblado, mientras otra tarda años y años en resolver la situación de una macro-construcción ilegal, por poner un ejemplo.

Por cierto, en Internet puedes encontrar algunas webs de información territorial muy útiles. Algunos ejemplos son los mapas del Gobierno de Canarias en el IDECan, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, o incluso la Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente para colaborar con los propietarios a alcanzar un equilibrio entre el uso de un suelo y su conservación.